SNAP, el software para APR que administra el agua de más de 300 comités de Chile

Escríbanos aunque no vaya a contratar nada todavía. Le explicamos qué le exige la ley a su comité según su tamaño, en qué plazo, y qué puede hacer con lo que ya tiene. Muchos dirigentes llegan recién electos, con una carpeta heredada y una planilla que nadie entiende. Es el punto de partida más común y no tiene nada de raro.

APR significa Agua Potable Rural: el comité o cooperativa de vecinos que administra el agua potable de una localidad rural. Desde la Ley 20.998 el nombre legal pasó a ser Servicio Sanitario Rural (SSR) e incorpora el saneamiento además del agua potable. En la práctica todos siguen diciendo APR. En Chile hay cerca de 2.446 sistemas rurales de agua potable funcionando, que abastecen a más de dos millones de personas.

No. Migramos su padrón de socios, las deudas acumuladas, los convenios de pago y los subsidios municipales antes de que empiecen a usar el sistema. El trabajo lo hacemos nosotros a partir de las planillas o libros que ustedes tengan, y después capacitamos a la directiva hasta que se sienta cómoda operando.

Sí. La aplicación de terreno funciona sin conexión: el operador toma lecturas, registra cortes y adjunta fotos en el cerro, y al recuperar señal todo se sincroniza solo. La telemetría de los pozos guarda los registros en la memoria del datalogger y los despacha completos cuando vuelve la señal celular.

El Artículo 64 bis de la Ley 20.998 establece que los servicios prestados a socios no están gravados con IVA, pero la venta a terceros sí lo está. El sistema clasifica cada cuenta según su condición y emite el documento tributario que corresponde, sin decidirlo boleta por boleta. Es uno de los errores que más problemas le trae a las directivas ante el SII.

Se requieren tres equipos: un caudalímetro para medir el volumen extraído, idealmente electromagnético porque no tiene aspas que se rompan con la arena; una sonda piezométrica sumergida para medir el nivel freático estático y dinámico; y un datalogger que reciba ambas señales y transmita el archivo estructurado a la Dirección General de Aguas por 4G. La fiscalización rige desde el 20 de noviembre de 2024 para el segmento mayor, desde el 20 de noviembre de 2025 para el mediano y desde el 20 de noviembre de 2027 para el menor, bajo 300 arranques.

Trabajamos con medidores ultrasónicos, que al no tener partes móviles no se desgastan con la arena ni se revientan con las heladas, y con sellado IP68 para nichos que se inundan. La transmisión es por LoRaWAN, un estándar abierto: basta una antena en un punto alto para cubrir varios kilómetros, sin depender del WiFi de cada casa ni pagar un chip celular por medidor. Como el estándar es abierto, si algún día deciden cambiar de proveedor, los medidores siguen siendo suyos y funcionando.

Sí, y es uno de los perfiles que más lo agradece. El contador de un comité suele recibir la información en planillas desordenadas, con formato distinto cada mes y sin trazabilidad de quién modificó qué. La plataforma entrega reportes financieros exportables que cuadran con la normativa contable chilena y con las exigencias de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, más un perfil de auditoría propio para revisar movimientos sin tener que pedir capturas de pantalla. El arqueo de caja, la recaudación, los subsidios municipales, el fondo de reserva del Artículo 42 y la conciliación de la boleta electrónica quedan en un solo lugar.

Sí. Hay un módulo específico para administración de agua en condominios bajo la Ley 21.442, con prorrateo del consumo como gasto común, medición centralizada y control de morosidad. El administrador puede mostrarle a cada copropietario exactamente de dónde sale su cobro.

La ley clasifica a los operadores en segmento mayor, mediano y menor, y a los más chicos les exige menos. Nosotros trabajamos igual: se parte por lo que su comité necesita hoy, normalmente facturación y padrón de socios, y se agregan telemetría o GIS cuando haya un proyecto que los financie. Si técnicamente un proyecto no le conviene a su comunidad, se lo decimos.

Desde 1 UF + IVA al mes por APR, y el valor final se determina según el tramo de arranques del comité: una APR de 80 socios no paga lo mismo que una de 1.500. No cobramos por usuario, así que la secretaria, el tesorero, el operador y toda la directiva pueden estar conectados sin costo adicional. La migración desde Excel y la capacitación van incluidas. El software es cuota mensual; los medidores inteligentes y la telemetría son inversión en equipos y se cotizan por separado, sin amarrar una cosa a la otra. Tampoco cobramos por soporte ni por configuraciones básicas. Le contestamos en menos de dos horas y la cotización exacta sale después de una reunión corta para conocer su comité.

La telemetría es un conjunto de sensores instalados en el pozo, el estanque y la matriz que miden en forma continua y transmiten los datos a una plataforma en la nube. En un servicio sanitario rural sirve para tres cosas concretas: cumplir con el Monitoreo de Extracciones Efectivas que exige la Resolución DGA 1238, evitar que la bomba trabaje en seco y se queme cuando baja el nivel freático, y detectar fugas comparando el volumen que sale del pozo con el que suman los medidores domiciliarios. El operador deja de hacer rondas de inspección y va a terreno solo cuando el sistema avisa.

Una sonda piezométrica sumergida mide el nivel freático estático y dinámico del acuífero, y un caudalímetro mide el volumen extraído. Ambas señales llegan a un datalogger que las registra cada hora y las transmite por 4G. Con esa serie histórica la directiva puede ver si la napa se está agotando meses antes de que el problema sea una emergencia, y programar el bombeo para no sobreexplotar la fuente.

La Dirección General de Aguas puede aplicar sanciones por no informar las extracciones efectivas. Más allá de la multa, quedar sin registro debilita la posición del comité si alguna vez debe defender sus derechos de aprovechamiento de aguas frente a un tercero. La fiscalización de la Superintendencia partió el 20 de noviembre de 2024 para el segmento mayor, el 20 de noviembre de 2025 para el mediano, y comienza el 20 de noviembre de 2027 para el menor, que agrupa a los servicios bajo 300 arranques. Conviene revisar en qué segmento está su comité antes de comprar cualquier equipo.

Es la diferencia entre el agua que el comité produce y el agua que efectivamente factura. Se calcula comparando la lectura del macromedidor de salida del pozo o del estanque con la suma de todos los micromedidores domiciliarios del mismo período. Esa diferencia se pierde por fugas en la matriz, por medidores desgastados que submiden, por conexiones no registradas o por consumos no medidos. En comités con red antigua es habitual que supere el 30%, y cada metro cúbico perdido es electricidad, cloro y tarifa que nadie pagó.

Sirve para ambos. La Ley 20.998 reconoce como operadores tanto a los comités como a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, con exigencias equivalentes en licencia, tarifas y rendición de cuentas. La diferencia práctica está en el régimen societario y en el tratamiento de los remanentes, y el sistema contempla las dos figuras.

Depende del tamaño y del estado en que estén los datos. Un comité de doscientos socios con el padrón ordenado en Excel puede estar operando en un par de semanas. Si hay que reconstruir el padrón desde libros en papel, deudas antiguas o convenios sin registrar, toma más. La migración la hacemos nosotros y la capacitación a la directiva va incluida. No cobramos por subir sus propios datos.

El comité. La base de datos con el padrón, las lecturas, los pagos y el catastro de la red es del operador, no de SNAP. Si algún día deciden cambiar de proveedor, se llevan todo. Lo mismo con los medidores: al trabajar sobre el estándar abierto LoRaWAN, siguen funcionando con otro sistema. Amarrar a un comité a su proveedor es una práctica común en este rubro y nosotros no la usamos.

Ese es uno de los riesgos más serios de una APR y casi nadie lo nombra. En la mayoría de los comités, el conocimiento del territorio —dónde pasa cada matriz, qué válvula cierra qué sector, dónde está enterrado cada arranque— vive en la cabeza de una sola persona. El módulo GIS traslada ese conocimiento al mapa: cada arranque, válvula, grifo y estanque georreferenciado, con material, diámetro, fecha de instalación, manuales y el historial de mantenciones adjunto a cada elemento. El operador sigue siendo el que más sabe, pero lo que sabe deja de ser irremplazable.

Sí. Hay municipios que administran o apoyan a varios servicios sanitarios rurales de su comuna y necesitan verlos de forma centralizada. La plataforma permite gestionar múltiples operadores, además de telemetría municipal para pozos, calidad del aire, niveles de río y control de activos, con visores territoriales y bases técnicas listas para licitar.

Desde la Ley 20.998 las tarifas las calcula la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de forma individual para cada operador según su tamaño y sus características técnicas y geográficas. La tarifa debe permitir recuperar al menos los costos indispensables de operación, mantención y reposición. El operador recibe la propuesta y la lleva a la asamblea, que puede aprobarla o pedir ajustarla dentro de un margen acotado. Los plazos también están fijados: los operadores de segmento mediano y mayor deben tener su primera fijación tarifaria dentro de los cinco años contados desde el 20 de noviembre de 2024; en el segmento menor, el plazo es de tres años para los servicios sobre 150 arranques y de cinco años para los de 150 o menos.

Es el medidor instalado a la salida del pozo o del estanque, que registra todo el volumen que el comité produce. Sin macromedidor no se puede calcular el Agua No Facturada, porque falta el término de comparación: se sabe cuánto se cobró pero no cuánto salió. Es la primera inversión que recomendamos a un comité que sospecha que está perdiendo agua, antes incluso de cambiar los medidores domiciliarios.

Sí. El sistema emite el documento tributario electrónico y deja la contabilidad ordenada y exportable, de modo que el contador externo reciba información limpia en vez de planillas sueltas. Muchos comités pequeños trabajan con un contador que atiende varias organizaciones, y ese perfil es justamente el que más agradece tener acceso de auditoría propio.

Sí. La Ley 20.998 reconoce a ambas figuras como operadores de servicios sanitarios rurales, con exigencias equivalentes de licencia, tarifas y rendición de cuentas. La diferencia práctica está en el régimen societario y en el tratamiento de los remanentes, y el sistema contempla las dos.

Sí. Apoyamos la redacción de las especificaciones técnicas para postular a líneas de financiamiento público como los programas de la SUBDERE, el FNDR y los fondos de la Dirección de Obras Hidráulicas, para que su comité no dependa de una consultora externa que encarezca el proceso.